Sentencia A. 315/26

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-315/26

 

RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de procedencia

 

RECURSO DE SUPLICA CONTRA AUTO QUE RECHAZA DEMANDA-Demandante debe efectuar razonamiento mínimo para constatar yerro o arbitrariedad

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

Auto 315 de 2026

 

Referencia: expediente D-17.066.

 

Asunto: recurso de súplica contra el auto del 29 de enero de 2026, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 42 (parcial) de la Ley 1563 de 2012 “por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”.

 

Demandante: Santiago Guarín Moreno.

 

Magistrada ponente:

Lina Marcela Escobar Martínez.

 

Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial de aquella que le concede el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 49 del Reglamento Interno (Acuerdo 01 de 2025), dicta el presente auto, mediante el cual resuelve el recurso de súplica interpuesto en el asunto de la referencia.

 

I. ANTECEDENTES

 

1. La demanda

 

1. El 25 de noviembre de 2025, Santiago Guarín Moreno presentó una demanda de inconstitucionalidad contra una expresión contenida en el primer inciso del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, que se transcribe y subraya a continuación:

 

“Ley 1563 de 2012

(julio 12)

Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones.

 

[…]

 

Capítulo IV.

Laudo arbitral y recursos

 

ARTÍCULO 42. TRÁMITE DEL RECURSO DE ANULACIÓN. La autoridad judicial competente rechazará de plano el recurso de anulación cuando su interposición fuere extemporánea, no se hubiere sustentado o las causales invocadas no correspondan a ninguna de las señaladas en esta ley.

 

[…]”.

 

2. El accionante presentó los siguientes tres cargos mediante los cuales argumentó que la norma acusada vulnera el preámbulo, la supremacía constitucional (art. 4, C.P.), la igualdad (art. 13, C.P.), el debido proceso (art. 29, C.P.), el bloque de constitucionalidad (art. 93, C.P.) y el acceso a la administración de justicia (art. 229, C.P.):

 

Tabla 1. Resumen de los cargos

 

3. El accionante solicitó que se declare la inconstitucionalidad del enunciado normativo demandado y, en subsidio, su exequibilidad condicionada en el entendido de que las causales contenidas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no son taxativas, dado que el ordenamiento prevé otras de orden constitucional y legal que no están expresamente consagradas allí.

 

2. Inadmisión de la demanda

 

4. El magistrado Juan Carlos Cortés González inadmitió la demanda en el Auto del 15 de diciembre de 2025, al considerar que no reunía las condiciones mínimas para estructurar el concepto de violación. Resaltó que la demanda tenía un problema general de claridad, porque no era comprensible si se atacaba el enunciado acusado, referente al rechazo del recurso, o si se discutía la taxatividad de las causales, contenidas en otra disposición[1]. Esto también impacta su certeza, al no desarrollarse los mínimos de un cargo por omisión legislativa.

 

5. El magistrado sustanciador asimismo resaltó tres deficiencias transversales de los tres cargos. Primero, no consideran que la Ley 1563 de 2012 fue expedida en ejercicio de la amplia facultad de configuración legislativa en materia procesal, que se materializa en las definiciones de las causales de anulación. Segundo, tampoco exponen cómo y por qué debe ampliarse el control judicial del laudo arbitral a otras cuestiones, a pesar de que el arbitraje está sustentado en la voluntad de las partes según el artículo 116 de la Constitución. Y tercero, no justifican la existencia de otras causales distintas a las previstas para ese recurso extraordinario, que no supone una segunda instancia ni una oportunidad para revisar de forma completa o integral el laudo.

 

6. El auto inadmisorio también identificó las siguientes deficiencias argumentativas en cada cargo:

 

Tabla 2. Resumen de las deficiencias argumentativas de cada cargo

 

3. Subsanación de la demanda

 

7. El accionante presentó un escrito de corrección el 13 de enero de 2026, en el que desistió del tercer cargo e intentó subsanar las deficiencias advertidas en el auto de inadmisión para los otros dos cargos. Precisó que no cuestiona la taxatividad de las causales ni plantea una omisión legislativa relativa, sino el rechazo de plano contenido en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 cuando la causal invocada no aparece en dicha norma. A su juicio, se trata de una disposición legal que les impide a los jueces conocer causales de origen constitucional, como la prueba ilícita, o supranacional, como la falta de interpretación prejudicial derivada de las normas comunitarias. El actor hizo énfasis en que la libertad de configuración legislativa en materia procesal no es absoluta, y en que, pese a tener un origen voluntario, el arbitraje está sometido a la Constitución.

 

8. El escrito de corrección contiene los siguientes argumentos específicos para los dos cargos que intentó subsanar:

 

Tabla 3. Síntesis de los argumentos del escrito de corrección de la demanda

 

4. Rechazo de la demanda

 

9. Mediante el Auto del 29 de enero de 2026, el magistrado sustanciador rechazó la demanda, al considerar que no se corrigieron los defectos advertidos en el auto inadmisorio. Señaló que la mayoría de los argumentos del escrito de corrección son una reiteración de la demanda inicial y que las razones nuevas incurren en los mismos defectos originalmente identificados:

 

Tabla 4. Resumen de los motivos de rechazo de la demanda

 

10. El accionante reiteró su solicitud de declarar la inconstitucionalidad de la expresión acusada, pero modificó su pretensión subsidiaria, para que se condicione en el entendido de que las causales de anulación no son solamente las contenidas en la Ley 1563 de 2012.

 

5. Recurso de súplica

 

11. El 5 de febrero de 2026, el accionante presentó un recurso de súplica contra el auto que rechazó su demanda de inconstitucionalidad. Presentó estos cuatro argumentos:

 

Tabla 5. Síntesis de los argumentos del recurso de súplica

 

II. CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

12. La Sala Plena es competente para resolver el recurso de súplica de la referencia, con fundamento en lo previsto en el inciso segundo del artículo 6 del Decreto 2067 de 1991.

 

2.     El recurso de súplica. Reiteración de jurisprudencia

 

13. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991, el recurso de súplica es la instancia procesal destinada a que el demandante de una acción pública de inconstitucionalidad pueda controvertir –por aspectos formales o materiales– la providencia que rechace la demanda[4]. El carácter excepcional y estricto del recurso de súplica[5] impide que se convierta en una oportunidad para aportar nuevas razones que sustenten el concepto de la violación, corregir los yerros cometidos en la demanda o en el escrito de corrección o plantear nuevos elementos de juicio[6]. Por lo tanto, la competencia de la Sala Plena se circunscribe al análisis de los motivos de inconformidad del recurrente con el auto de rechazo, sin que pueda pronunciarse sobre materias distintas[7].

 

14. En tal sentido, para que el accionante logre comprobar que el auto de rechazo ha incurrido en un yerro, olvido o arbitrariedad, debe demostrar: (i) que se exigieron requisitos que no son propios del juicio de admisibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad, o (ii) que cumplió, en forma satisfactoria, con lo solicitado en el auto inadmisorio de la demanda[8].

 

15. Ahora bien, en relación con la admisión de las acciones públicas de inconstitucionalidad, a partir de la normatividad aplicable la Corte ha indicado que estas deben contener tres elementos esenciales: referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto[9].

 

16. A su vez, respecto del concepto de la violación se ha establecido que los cargos deben cumplir con tres parámetros básicos: (i) el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas (art. 2.2, Decreto 2067 de 1991); (ii) la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas; y (iii) la presentación de las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución. Ligado a lo anterior, ha determinado que las razones expuestas para sustentar cabalmente la censura constitucional deben ser -al menos- claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[10].

 

17. Con todo, la procedencia del recurso de súplica y su estudio de fondo se encuentran supeditados al cumplimiento de tres requisitos[11]: (i) la legitimación por activa, que hace referencia a que la solicitud estudiada debe provenir de uno de los sujetos procesales y, conforme a lo explicado en el Auto 1407 de 2025, que se acredite la condición de ciudadano del solicitante; (ii) la oportunidad, la cual exige al interesado presentar la solicitud dentro del término de ejecutoria de la providencia. Al respecto, el artículo 49.1 del Acuerdo 1 de 2025 dispone que los recursos de súplica que instauren los ciudadanos contra los autos proferidos por los magistrados deberán “interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia objeto de él”. Y (iii) la carga argumentativa, respecto de la cual la Corte ha precisado que el recurrente tiene el deber de presentar “un razonamiento mediante el cual la Sala Plena pueda constatar el yerro, el olvido o la actuación arbitraria que se endilga del auto de rechazo”[12]. De ahí que, si el actor no motiva el recurso o lo hace de manera insuficiente, “estaría incurriendo en una falta de motivación grave que impediría a esta corporación pronunciarse de fondo sobre el recurso”[13].

 

18. Por último, debe reiterarse que el desistimiento de las demandas de inconstitucionalidad, sus cargos y los recursos de súplica es improcedente[14]. Además de que esta figura no está prevista en la Constitución Política ni en el Decreto 2067 de 1991, la naturaleza misma de la acción pública de inconstitucionalidad la excluye. No es un trámite adversarial. Es un proceso orientado a la defensa del interés general y de la supremacía constitucional, cuyas decisiones tienen efectos erga omnes. El desistimiento supone materias susceptibles de disposición, que no corresponden a esta vía judicial.

 

3.     Verificación de los requisitos de procedencia

 

19. La Sala Plena de la Corte Constitucional acredita que,  en el presente caso, se cumplen los requisitos de procedencia del recurso de súplica como se explica a continuación.

 

20. Legitimación por activa. El recurso de súplica fue radicado por el mismo ciudadano que presentó la demanda de inconstitucionalidad del expediente D-17.066, quien además aportó la cédula de ciudadanía al inicio del trámite.

 

21. Oportunidad. La Secretaría General de la Corte Constitucional informó que el auto de rechazo fue notificado en el estado del 2 de febrero de 2026 y que su término de ejecutoria correspondió a los días 3, 4 y 5 de aquel mes. Dado que el recurso de súplica fue interpuesto el pasado 5 de febrero, su presentación se considera oportuna al haberse radicado dentro del término de ejecutoria de la providencia recurrida.

 

22. Carga argumentativa. El demandante expresó de forma razonable los motivos concretos por los que cuestiona los fundamentos del auto de rechazo. En síntesis, sostuvo que (i) su argumentación fue distorsionada y enmarcada como un reproche por omisión legislativa, a pesar de que fue enfático en que sus cargos no se orientaban por ese camino; (ii) la providencia valoró de forma errónea la certeza y autonomía normativa de la disposición acusada, porque confundió la causa[15] con el efecto[16], y que esto supeditó la validez del cargo a un análisis normativo ajeno y a una formalidad excesiva; (iii) la interpretación de la especificidad fue equivocada y no tuvo en cuenta el silogismo de contradicción que planteó entre la nulidad por prueba ilícita y el mandato de rechazo de plano del recurso; y (iv) hubo un error en la interpretación de los cargos, porque el auto trató un conflicto constitucional como un simple problema legal o de aplicación práctica. También alegó el desconocimiento del principio pro actione.

 

23. Como puede apreciarse, la argumentación de la súplica está orientada a identificar un presunto yerro en la valoración de la demanda y la corrección, por lo que la Sala Plena debe revisar el auto de rechazo y pronunciarse de fondo.

 

4.     Caso concreto: se negará el recurso de súplica presentado contra el Auto del 29 de enero de 2026

 

24. A diferencia de lo alegado por el accionante, la Sala Plena constata que el magistrado sustanciador no incurrió en un yerro o arbitrariedad al rechazar la demanda del expediente D-17.066. En particular, no se advierte que haya distorsionado la argumentación, valorado de forma errónea los requisitos de aptitud sustantiva, asumido una posición excesivamente formalista, ni omitido el análisis de las razones presentadas en el intento de subsanar el escrito.

 

25. Tal como se advirtió en el auto de rechazo, el escrito de corrección de la demanda no subsanó la totalidad de los defectos inicialmente advertidos[17]. La mayoría de los argumentos corresponden a una reiteración de los contenidos en la demanda originalmente presentada y los desarrollos adicionales también incurrieron en los mismos problemas identificados.

 

26. En primer lugar, el argumento transversal de la corrección es que el accionante no cuestionó la taxatividad de las causales del recurso de anulación de laudos contenidas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, sino el mandato legal de rechazar de plano los recursos que se funden en causales distintas a las allí previstas, contenido en el artículo 42 de dicha ley. Sostuvo, por lo tanto, que no presentó un cargo por omisión legislativa relativa. A partir de tal premisa, afirmó que la norma acusada obligaría al juez a rechazar los recursos de anulación en los que se plantee la ilicitud de la prueba, derivada del artículo 29 de la Constitución, o la ausencia de la interpretación prejudicial exigida por el derecho comunitario[18].

 

27. El auto de rechazo resaltó que el anterior argumento partía de la misma premisa de la demanda inicial, construida sobre la base de que la taxatividad de causales de anulación limitaba el control judicial de los laudos arbitrales y que, pese a su insistencia sobre lo contrario, a lo largo del escrito de corrección se cuestiona la exigencia del rechazo automático del recurso si la causal no figura en la Ley 1563 de 2012[19]. También mostró que aquella premisa fue el fundamento de los dos cargos que intentó subsanar[20], y que se estructuraron sobre la falta de previsión expresa de la ilicitud de la prueba y la ausencia de la interpretación prejudicial andina como causales de anulación[21]. Con base en esto, concluyó que lo realmente alegado era la ausencia de dos circunstancias específicas como supuestos del recurso de anulación, para lo cual la vía correcta sería la omisión legislativa[22].

 

28. Asimismo, el Auto puso de presente una contradicción en los argumentos del accionante, que dan cuenta que lo realmente cuestionado es la taxatividad de las causales. El actor manifestó que la jurisprudencia ha reconocido los dos supuestos que alega, pero consideró que esto es insuficiente y solicitó, en subsidio de la inexequibilidad, un condicionamiento dirigido a establecer que las causales no se limiten a las establecidas en la Ley 1563 de 2012[23]. En consecuencia, el magistrado sustanciador determinó que persistía la falta de claridad advertida en la inadmisión y que esta cuestión comprometía la certeza de los cargos planteados.

 

29. La Sala Plena concuerda con el análisis realizado en el auto de rechazo. Por más énfasis que se hubiera hecho en que la taxatividad no era el centro del debate, la forma como se estructuraron los cargos y lo pretendido por el accionante dan cuenta de que, en efecto, el reproche versa sobre la falta de previsión expresa de dos causales específicas en un artículo distinto al demandado en el expediente D-17.066. No hubo, por lo tanto, una distorsión de la argumentación[24] ni una falacia del hombre de paja[25]. El magistrado sustanciador no le atribuyó la formulación de un cargo por omisión legislativa relativa, sino que, al analizar las razones en las que intentó fundar sus cargos, le puso de presente que la vía que había escogido era la incorrecta. Tal como lo indicó la providencia recurrida, esto implica un problema transversal de ausencia de claridad y de certeza. En suma, aunque el actor afirmó que la taxatividad no era el centro del debate, en realidad estructuró sus cargos precisamente sobre esa idea, haciendo de la taxatividad el eje real de la discusión.

 

30. En segundo lugar, el accionante no satisfizo la falta de especificidad identificada en el auto inadmisorio. En dicha oportunidad, el magistrado sustanciador resaltó que la demanda no había considerado (i) que la Ley 1563 de 2012 fue expedida en el ejercicio de la amplia facultad de configuración del legislador en materia procesal; (ii) ni las razones por las que el control judicial de los laudos debía extenderse a otras cuestiones, habida cuenta de la voluntariedad que rige al arbitraje; (iii) ni las razones constitucionales para la existencia de otras causales distintas a las previstas para un recurso extraordinario, que no funciona como segunda instancia ni permite la revisión completa o integral de la decisión[26].

 

31. Tal como lo resaltó el auto de rechazo[27], el escrito de corrección únicamente presentó argumentos vagos y excesivamente generales al respecto. El accionante se limitó a sostener que la libertad de configuración legislativa y la autonomía de la voluntad no son absolutas, y que deben respetar la Constitución, reiterando que la falta de previsión de las causales invocadas vulnera principios constitucionales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia[28]. Tampoco se aprecia que se hubiera referido a las razones constitucionales para la existencia de otras causales, habida cuenta de la naturaleza y características del recurso extraordinario de anulación.

 

32. En ese orden de ideas, los señalamientos del recurrente en el escrito de corrección no satisfacen la carga de especificidad exigida para la admisibilidad de los cargos. Tal como lo resalta el auto de rechazo, no muestran, mediante argumentos concretos, determinados y directamente vinculados con el contenido normativo acusado, de qué manera la disposición cuestionada vulnera la Constitución. El recurso tampoco logró identificar una oposición verificable entre el texto de la norma demandada y los mandatos constitucionales invocados, limitándose a formulaciones generales que no permiten estructurar un juicio de contradicción. Esta insuficiencia argumentativa impide superar los defectos advertidos en el auto recurrido.

 

33. Del mismo modo, la Sala Plena advierte que, además de la falta de desarrollo argumentativo de dichos puntos, el demandante persistió en el cuestionamiento sobre la taxatividad de las causales previstas en un artículo diferente del demandado, lo cual redunda en una falta de claridad y certeza respecto del verdadero objetivo de la censura.

 

34. En tercer lugar, como bien lo identificó el magistrado sustanciador[29], los dos cargos objeto del escrito de corrección permanecieron prácticamente iguales, con variaciones apenas formales. Además, el problema transversal de claridad y certeza relacionado con el cuestionamiento de la taxatividad de las causales, tienen deficiencias particulares.

 

35. En el primer cargo, el ciudadano no explicó que las sentencias invocadas contuvieran una ratio decidendi que contemplara una causal por valoración de una prueba ilícita[30]. El escrito de corrección tampoco brindó elementos de juicio que permitieran determinar por qué el legislador tiene el deber de preverla, a pesar de implicar que el juez de anulación revise la valoración probatoria del panel arbitral, lo cual es ajeno al recurso de anulación porque implica un asunto de fondo[31]. El accionante solo hizo una afirmación genérica según la cual no implicaría una revisión del fondo del litigio[32], y no desarrolló por qué resultaría compatible con el principio de voluntariedad del arbitraje, ni las razones por las que no se podría alegar durante el proceso, ni la justificación de tratarla como una causal autónoma. Del mismo modo, y a pesar de que el cargo no se construyó como una omisión legislativa, carece de claridad y certeza porque se refiere al contenido de otra disposición, como lo resaltó el magistrado sustanciador.

 

36. El segundo cargo también reiteró la premisa de la demanda inicial. Aunque se incluyen varios párrafos relacionados con la integración latinoamericana, el compromiso del Estado colombiano de no obstaculizar el derecho comunitario y la aplicación preferente de este tipo de normas[33], la falta de especificidad persiste. El accionante no dio razones concretas sobre la forma en la que la ausencia de una causal relacionada con la falta de interpretación prejudicial desconozca la integración latinoamericana, por qué debe considerarse en una ley general de arbitraje[34], ni por qué se integra al bloque de constitucionalidad[35]. Tampoco precisó por qué la sentencia que invocó constituye un precedente que sustente su cargo.

 

37. Todo lo anterior muestra que el auto de rechazo no hizo una interpretación arbitraria o equivocada de los requisitos de aptitud sustantiva y que en el escrito de corrección persistió la gran mayoría de las deficiencias argumentativas advertidas en la inadmisión. Tampoco se aprecia una omisión de la valoración de los argumentos del accionante, quien sostuvo que se pasó por alto el silogismo de contradicción que planteó para sustentar sus cargos. El magistrado sustanciador los tuvo en cuenta y, de forma adecuada, resaltó que contienen la misma línea argumentativa defectuosa relacionada con la falta de previsión de dos causales específicas para el recurso de anulación de laudos[36].

 

38. Por último, la invocación del principio pro actione en el recurso requiere una precisión. Si bien aquel principio exige que la Corte se esfuerce, en la medida de lo posible, para admitir una demanda y adoptar una decisión de fondo si existen dudas sobre el cumplimiento de sus condiciones mínimas, esta Corporación no puede “sustituir al demandante, por lo cual no puede formular sus propios cargos, ni determinar por sí misma el concepto de la violación”[37]. En esta medida, la sola mención a este principio por parte del demandante es insuficiente para proceder con la admisión de la demanda.

 

39. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala Plena reitera que la inadmisión o rechazo de una demanda de inconstitucionalidad no hace tránsito a cosa juzgada, ni cercena el derecho de acción de los ciudadanos, de manera que, si así lo estima, el accionante puede presentar una nueva demanda de inconstitucionalidad[38], siempre que se cumplan las exigencias de los artículos 40-6 y 241 de la Carta Política, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1991[39].

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

Primero. NEGAR el recurso de súplica presentado Santiago Guarín Moreno contra el Auto del 29 de enero de 2026, mediante el cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada en el expediente D-17.066.

 

Segundo. A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR el contenido de esta decisión al demandante, indicándole que contra esta no procede recurso alguno.

 

Tercero. Ejecutoriada esta decisión, ARCHIVAR el expediente D-17.066.

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

No participa

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

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